Cuando hablamos de las partes reguladas dentro de los costes que componen la factura de la luz, los dividimos en peajes y cargos. Los peajes están destinados a cubrir los costes del sistema relacionados con la operativa “pura y dura”, como son el transporte y distribución de la energía. Por otro lado, los cargos cubren otros costes del sistema, los que dependen de la política energética, como son el déficit de tarifa, el suministro en condiciones de igualdad en los territorios extrapeninsulares o las primas a las renovables de primera generación.
Hasta ahora, tanto unos como otros los había aprobado el Ministerio, hasta que la Comisión Europea abrió un expediente de infracción a España por considerar que se había apropiado de competencias que deberían ser de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
A raíz de esto, el Ministerio accedió a traspasar parte de las competencias a la CNMC, en concreto la parte de los peajes, conservando en su competencia sobre la parte de los cargos. Eso sí, estableció una serie de orientaciones para que la CNMC redefiniera la metodología de peajes, como por ejemplo que se tuviera en cuenta la transición energética y la descarbonización, que se fomentara la eficiencia energética y el desarrollo del autoconsumo compartido o que se garantizara el ahorro.